Me pregunto, para empezar, cómo puedo enfocar la reflexión que me hago a menudo sobre las circunstancias -o quizás características culturales- que conforman este malquerido axioma económico-laboral, sin que se me enfade nadie y, en cambio, pueda ser comprendida mi intención de buscar -y encontrar, claro- formas de suplir la consciencia actual de sobrellevarla por la de reducirla.
Y comienzo por pretender de salida sembrar en el ánimo social, plantearnos a modo de semilla germinadora de mejores frutos y pararnos a cavilar y extraer pros y contras, particulares y de orden general, material y conductual para la reclamada economía social tan en boga en nuestros días. Y hacerlo en foros abiertos de opinión, sea la familia, la escuela, la profesión, la actividad empresarial y las corporaciones de todo tipo.
Porque como “ánimo social” aquí quiero darle el énfasis que merece considerar algo tan presente en nuestra subsistencia como disponer de bienes y servicios dimanantes del esfuerzo laboral general en gestionar materias y valores al alcance de la colectividad humana, en aras de sortear la vida terrenal que nos hemos dado.
Y añado “solidario” porque ese uso, consumo y su disfrute entiendo sea colectivo y conseguido racionalmente, en mérito de lo que somos cada uno, con el concurso de cada cual y con la mira puesta en el bien común del conjunto.
Elijo “Sumergida” como Actividad económica practicada al margen de los cauces legales…. (para el DRAE) aunque pueda ser adjetivada de otras formas y hasta confundida por disimulo. Y la catalogo como “negativa” porque, sin desconocer la incidencia positiva en su bienestar particular ni empeñarme en definirla peyorativamente, quiero destacar ahora tanto el perjuicio social que supone su amplia práctica habitual como, en las circunstancias sanitarias de este momento (Covid-19) acarreando unas carencias que van a suponer dificultades extraordinarias para buen número de personas que normalmente subsisten económicamente sumergidos. Tales personas y sus familias, directamente dependientes por su actividad profesional o laboral por cuenta de terceros en tales negocios y trabajos personales, dada la paralización casi total de sus ocupaciones o expuestas a sanción si son descubiertas, no cuentan con la cobertura de protección económica empresarial ni pública, es decir, no tienen salarios reconocibles ni opción a subsidios públicos por no estar vinculados formalmente al tejido laboral oficial. Incluso aún que se les pudiera reconocer algún tipo de Renta Mínima y otras ayudas al gasto de servicios domésticos, serían temporales y cortas para su presupuesto familiar habitual. En suma, ser objeto de duras crisis personales.
¿No será esta una -fatal- repercusión que merezca tenerse en cuenta para repudiar esa Economía sumergida o, cuando menos, reducirla a una mínima expresión desde la considerada por todos, significativa parte de la economía productiva actual? ¿No sería positivo asimismo para con todo el colectivo ciudadano regularizar la situación de una masa laboral irregular que mancilla la estadística de nuestro Desempleo oficial, genera subvenciones ilegítimas, provoca competencia comercial desleal y castiga al bien común al no participar con sus cotizaciones e impuestos?
O sea: ¿No sería una prueba de solidaridad nacional acometer con lealtad corporativa y social la firme decisión de reducir a la mínima expresión posible la influencia negativa de la ECONOMÍA SUMERGIDA?
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